Cuando la oferta y la demanda están corrompidas.

Eso es lo que ocurre cuando juegas con un derecho constitucional, el acceso a una vivienda digna. Ahora todos son lamentaciones. Según las estimaciones 1,8 millones de viviendas nuevas no encuentran comprador. Vamos a ver, si hace más viviendas que compradores, lo normal es que baje el precio. Mayor oferta, menor precio. Pues no. Eso no es lo que ha ocurrido estos últimos años. ¡Mayor oferta! ¡toma que te hincho los precios! Ahora, como decía a llorar. Pues no me dan pena ni los constructores, ni las inmobiliarias ni aquel que compró pensando en especular. Lo peor es que las constructoras tienen que ir acabando con proyectos que están visados ya por los arquitectos correspondientes; si no venden lo que tienen ahora, que harán con los que construyan mañana. Pero lo más gordo no es esto. Es que se reclamen medidas para frenar este descenso en las compras de vivienda, ayudas para que las constructoras no se desplomen. Vamos a ver, o sea que se apoya al constructor cuando las "pasa putas" pero en ningún momento se ayudó al ciudadano que no podía acceder a una vivienda. Esto sería el colmo. Ayudar a imposibilitar que podamos tener una vivienda. "Pasarse la Constitución por el culo".
Esto no tiene desperdicio: "No pedimos ayudas sólo para nosotros, sino que se apoye un sector fundamental para la economía española", sostiene el presidente de la patronal. Y remacha: "Si no vendemos stocks, no podremos reinvertir".

Si no podemos comprar dónde viviremos, si un gobierno se pone a apoyar a un sector que ha hecho imposible la compra de vivienda yo me borro de español.

"Es la gran diferencia respecto a crisis anteriores: el exceso de oferta es espectacular, y se une a la de los inversores que las adquirieron para revenderlas y todavía no han podido hacerlo", opina el profesor de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos.